Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante

El fin del trasvase llevaría al Estado a tener que hacer frente a reclamaciones patrimoniales por un valor superior a los 3.500 M€ en el sector agrario alicantino. Además tendría que atender demandas de otros sectores económicos y al lucro cesante.

      Las transferencias hídricas llegadas desde 1979 han limitado la presión sobre los acuíferos del Vinalopó y retrasado la sobreexplotación.

Las conclusiones definitivas del estudio ‘Análisis Económico, Social y Ambiental del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante’ confirman que los caudales llegados a través del Trasvase Tajo-Segura para consumo humano desde 1979 han sido claves para evitar el colapso del suministro del agua potable en la provincia de Alicante. Este estudio ha sido impulsado por la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) mediante un convenio firmado con la Fundación Agua y Progreso y ha sido realizado por el equipo investigador del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante coordinado por Joaquín Melgarejo Moreno, profesor titular del Departamento de Análisis Económico Aplicado y miembro del citado instituto.

Las transferencias del Tajo suponen en la actualidad el 60% del volumen que maneja la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para el abastecimiento de agua corriente. Estos caudales han contribuido a retrasar los procesos de sobreexplotación que sufren los acuíferos del Vinalopó y han permitido ganar tiempo en la búsqueda de soluciones que posibiliten, aunque sea parcialmente, la recuperación de las reservas de los acuíferos mediante la aplicación de recursos procedentes de la reutilización, la desalinización y también del Trasvase Júcar-Vinalopó. Sin estos aportes extraordinarios, la presión sobre las aguas subterráneas se habría acrecentado, lo que habría supuesto la esquilmación total de estos caudales hace más de una década.

El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura estratégica de extraordinaria importancia en la ordenación hidráulica española. Es fruto de una política de ordenación del territorio impulsada por el Estado que ha permitido la consolidación de un sector agrícola de enorme vitalidad en el sureste español y, a su vez, ha garantizado la subsistencia hídrica de los abastecimientos urbanos de numerosas poblaciones de la zona, incluidas grandes capitales como Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela.

Es además una infraestructura con gran potencial para distribuir caudales mediante las fórmulas de cesión de aprovechamientos y bancos del agua, así como para articular trasvases dentro del mismo ámbito de planificación hidrológica, como ha ocurrido con caudales del Júcar.

La temida recesión se ha hecho efectiva. Durante dos trimestres consecutivos la economía española ha caído como consecuencia de la crisis interna que azota al país desde hace ya más de un año.

El origen de la crisis se encuentra en el final de la fase expansiva y en los inevitables procesos de ajuste derivados de esta circunstancia, a través de los cuales se corrigen los desequilibrios generados durante la misma. Así, por una parte, el elevado endeudamiento de los hogares, unido a los altos tipos de interés, y, en la primera mitad del año, al encarecimiento de los productos básicos, se ha traducido en una importante contracción del gasto y en la paralización de la inversión residencial. La bajada del precio de los activos inmobiliarios, asimismo, genera un efecto riqueza negativo que refuerza la tendencia a la baja del consumo, y genera expectativas de mayores bajadas que producen el efecto de retrasar las decisiones de compra de vivienda, haciendo más profunda la caída de actividad en el sector inmobiliario. Por otra parte, el abrupto final de la expansión inmobiliaria ha dejado un sector de la construcción sobredimensionado que requiere fuertes ajustes en el empleo y en el nivel de actividad para adecuarse a las nuevas condiciones de una demanda más sostenible. Asimismo, la fortaleza de nuestra moneda hasta hace pocos meses, el incremento de los costes laborales y financieros, el absentismo laboral y los altos costes de transacción derivados de la ruptura de la unidad de mercado en España están provocando una creciente pérdida de competitividad, que se ha manifestado, fundamentalmente, en la caída de la producción industrial.

Desde la patronal CEOE y desde el propio Banco de España se vislumbra un panorama sombrío para los próximos años y se reclaman medidas estructurales, sobre todo en el ámbito laboral, de forma urgente para poder empezar a crecer de nuevo.