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La autopista AP-7 es una de las arterias principales de comunicación del litoral mediterráneo español y tiene una gran importancia para la provincia de Alicante puesto que vertebra nuestro territorio costero desde Orihuela a Ondara. Con motivo de la finalización de la concesión el próximo 31 de diciembre de 2019, INECA quiere abrir el debate social e institucional para estudiar cuáles son las diferentes alternativas de explotación de esta infraestructura. En un análisis preliminar, el Instituto ha detectado múltiples opciones pero se ha considerado simplificarlas en tres escenarios: una nueva concesión con la tarifa actual, una concesión con reducción de tarifas y ventajas para residentes y una tercera alternativa de liberalización.

El presidente de INECA, Rafael Ballester, ha explicado que con el estudio “intentamos proponer un debate, en el momento adecuado, basado en escenarios técnicos y socioeconómicos sobre el futuro de la autopista. Somos conscientes de que la actual coyuntura presenta otras posibles alternativas. Los factores sociales, económicos y ambientales pueden dibujar nuevos escenarios a los aquí planteados”.

Ballester ha insistido en su intervención que “lo que nos gustaría en INECA es que se genere un debate serio basado en datos; que no se asegure la buena conservación de una de nuestras principales infraestructuras viarias; o que se pierda la oportunidad de gestionar su ejecución de acuerdo con unos objetivos claros y definidos. Si no se comienza a trabajar en la alternativa de explotación más ventajosa, estaremos de nuevo ante el colapso de una de las infraestructuras   más importantes de la provincia”.

El director de Proyectos de INECA, Joaquín Melgarejo, ha insistido que en el Instituto “queremos aportar al debate, hoy presente en múltiples foros, un primer análisis prospectivo que ayude a visualizar los escenarios que se pueden dar a partir de enero de 2020”.

Ballester ha agregado que “aunque hay tiempo para ello, no hay mucho, y menos en el contexto político actual, marcado por la sensación constante de estar en período electoral, algo que, curiosamente, parece haberse convertido en incompatible para dar lugar a amplios consensos, tan necesarios en materias como la que nos ocupa”.

 Contexto y alternativas

Desde el Instituto, se ha indicado que para enriquecer el proyecto es importante que se tenga en cuenta el contexto de nuestras infraestructuras. En este sentido, la provincia de Alicante cuenta con una autopista de peaje, en contraposición a la gratuidad de la A-70; pero también registra una insuficiente conexión con algunos municipios, y las carencias funcionales que aún presenta la N-332 en la provincia de Alicante (pese a la mejora de la misma en zonas como El Campello, Villajoyosa y Benidorm, o en El Altet y el eje Guardamar del Segura-Torrevieja), y una creciente desconfianza en algunos formatos de colaboración público-privada, han dado lugar a recurrentes debates y legítimas reclamaciones.

El coordinador del estudio, Armando Ortuño, ha explicado que la primera alternativa analizada es una nueva concesión con la tarifa actual a cambio de que la empresa concesionaria provea una serie de compensaciones en obras.

La segunda alternativa se centraría en la reducción de tarifas –entre un 40% y un 60%- a lo que habría que sumar ventajas económicas para los residentes. En esta opción se compatibilizaría con obras complementarias debido a que la reducción de las tarifas sería compensada en buena medida con un aumento de tráfico procedente de la N-332. En este caso, se plantea una gestión de las labores de conservación y explotación de la autopista bien mediante una concesión administrativa, bien mediante gestión pública o directa. El límite de reducción de las tarifas se ha establecido en aquel que garantice un nivel de servicio estable a alta velocidad en la AP-7, fijando esa reducción tarifaria en un 40%-60% tras estimar la transferencia de tráfico desde la N-332 hacia la AP-7 provocada por esa disminución de tarifas.

La tercera opción que se plantea desde INECA es la liberalización del peaje. El profesor Ortuño ha indicado que en esta alternativa se prevé la eliminación del peaje de la autopista donde el Estado debería soportar todos los costes de mantenimiento y conservación de la AP-7 ya que los usuarios no abonarían tarifa alguna directa por circular.

La transferencia de tráfico desde la N-332 hacia la autopista sería claramente superior al caso anterior y reduciría la fluidez de este viario.

El presidente de INECA ha finalizado su intervención explicando que “en el Instituto creemos conveniente que la decisión final debería ser articulada previamente con la participación de entidades y agentes interesados, como son los ayuntamientos, la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Fomento, y colectivos empresariales y sociales”.

El estudio será enviado a las administraciones locales, provinciales, regionales y estatales, para abrir un debate entre los diferentes agentes implicados, sentando las bases de futuros estudios más pormenorizados e integrados.

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