Noticias

Alicante, 15 de abril de 2025.
En el marco de la presentación del informe que elabora el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante en colaboración con CEV, el presidente de INECA, Nacho Amirola, ha subrayado la importancia de priorizar la transparencia y la ejecución de los presupuestos, más allá de su elaboración. Tras más de 10 años analizando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los Presupuestos de la Generalitat Valenciana (PGVA), INECA insiste en que la clave radica en la capacidad real que existe de ejecutar las partidas presupuestarias asignadas. El presidente de INECA, Nacho Amirola, ha señalado la falta de voluntad política histórica para proporcionar información detallada sobre la ejecución presupuestaria y ha agregado que “la transparencia en la ejecución de los presupuestos sería un valor añadido para la administración y un ejemplo de valentía y compromiso con los ciudadanos”.

Durante la presentación conjunta, el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha remarcado que la falta de ejecución de nuevas inversiones ya de por sí exiguas es una materia pendiente del Consell. La situación actual en la que se ejecuta sólo el 60% no es coherente con una Comunidad y con una provincia que necesita nuevas inversiones públicas para ser competitivos y superar la infrafinanciación histórica. “No es suficiente con que la inversión esté contemplada sobre el papel: lo relevante es que se materialice, que llegue a la ciudadanía, que genere actividad económica y que permita mejorar las infraestructuras y los servicios que nuestras empresas y nuestros vecinos necesitan para avanzar.

Inversiones sin territorializar
Del informe que hoy se ha presentado se desprende que falta transparencia cuando sólo se conoce el 54,9% de las inversiones de los PGVA 2025, una situación que lejos de mejorar ha ido empeorando en los últimos años, a una gran distancia del 75% de inversiones territorializadas de hace 15 años. El año pasado la cifra de inversiones no territorializadas ascendió a 562,95 millones y este año alcanza los 672,26 millones de euros, un 45,1%.

Para el presidente de INECA esta falta de transparencia presupuestaria y la dificultad para realizar un seguimiento de las inversiones hace aumentar la desconfianza en los proyectos presupuestarios y aunque “llevamos demasiados años reclamando pacientemente a todos los representantes políticos que han gobernado el Consell más información detallada de las inversiones y el aumento de las partidas presupuestarias no territorializadas demuestran opacidad”. Además, tenemos la sospecha de que si en 12 meses no han sido capaces de ejecutar más del 60% del presupuesto, en seis meses será prácticamente imposible.

Al respecto, el presidente de CEV Alicante ha afirmado que “es urgente situar la ejecución presupuestaria como una prioridad política real y que la población, las asociaciones empresariales,… podamos saber, sin tener que indagar demasiado a qué se destinan los recursos, qué se ha ejecutado y qué no”

El autor el informe y director de Estudios de INECA, Francisco Llopis, ha puntualizado que los presupuestos territorializados anunciados no se ajustan a la población y al final, la menor inversión repercute en nuestro nivel de renta per cápita porque lastra nuestra capacidad cuando no competimos en igualdad de condiciones y cuando debemos escalar desde la parte más baja de la tabla. Llopis ha indicado que atendiendo a los datos de inversiones territorializadas, Alicante recibe el 32,8% de las partidas presupuestarias territorializadas, cuando nos correspondería el 37,5% por población, es decir, que recibiremos 268,66 millones en inversiones cuando nos correspondería 307,06 millones de euros, 38,4 millones de euros menos atendiendo a nuestra población, tras cuatro años de presupuestos donde se planteaban proyectos acordes a nuestro peso poblacional. Esta menor cuantía destaca además porque han previsto 6,3% más que el año pasado (en el capítulo VI de inversiones). -Castellón recibirá el 8,3% y Valencia el 58,9%-. La provincia de Valencia recibirá 65,4 millones de euros más de lo que se le asignaría por población -al margen de la DANA-, atendiendo a ese criterio anunciado por el Consell.

Si se desgrana el presupuesto de 2025 por consellerias, destaca que la de Economía y Hacienda no territorializa el 88,9%, la de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda no territorializa el 77,8% y la de Educación no detalla el 63,3% de su presupuesto. Por cuantía, la Conselleria de Sanidad, que no territorializa el 38,5% de sus partidas, dispone de 180,6 millones de euros que no se saben dónde van destinados y la de Educación asciende a 154 millones de euros las inversiones que, supuestamente, no van dirigidas a proyectos concretos.

Preocupación por la ejecución
En referencia a la ejecución de los proyectos, Amirola ha mostrado su preocupación porque, además, de poder conocer el detalle de las inversiones realizadas, los informes a nivel de Comunidad Valenciana que existen revelan que sólo el 60,5% de las inversiones reales se ejecutaron, es decir que quedaron por ejecutar inversiones por valor de 512 millones de euros. En lo que respecta a inversión nueva en infraestructuras sólo se ha ejecutado el 48,8% en el conjunto de la Comunitat Valenciana, es decir, 157 millones de euros que no se han invertido; y en lo que respecta a inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios sólo se ha ejecutado el 60,9% quedando 299 millones de euros sin ejecutar.

El autor del informe ha explicado que lo que más se ejecuta es la reposición y el mantenimiento y que la mayoría de las nuevas inversiones se posponen. El año pasado en la Comunitat Valenciana se ejecutó en reposición el 85,5%, por tanto, se dejó sin ejecutar 456,7 millones de euros de inversión nueva. “Con esta dinámica sólo se invierte de manera efectiva en lo que ya sea ha invertido anteriormente”, ha señalado.

Para conocer los datos de inversión pública autonómica de la provincia de Alicante, INECA ha analizado los datos que publica la patronal SEOPAN porque la Generalitat Valenciana no los hace públicos. Según SEOPAN, se invirtieron 109,6 millones de euros en la provincia en 2024 cuando le corresponderían según población 240,5 millones de euros. Un déficit de 130,9 millones de euros que en el acumulado desde el 2000 supone que han dejado de llegar a la provincia de Alicante 785 millones de euros. Si analizamos la provincia de Valencia y siguiendo el mismo criterio poblacional le han llegado 668 millones de euros de más. En 2024, según datos de SEOPAN se realizaron inversiones de obra pública en la provincia de Alicante por valor de 109,6 millones de euros cuando el año anterior alcanzó 316,2 millones de euros.

Se da la circunstancia que, al menos, 12 proyectos de inversión concretos (centros educativos y sanitarios) cuya construcción se iniciaba y acababa en 2024 no se han ejecutado y suman más de 125 millones de euros y han vuelto a aparecer con una cuantía inferior de 13,4% en total en los presupuestos de 2025.

A riesgo de estar equivocados y ante la dificultad de conocer el grado de ejecución detallado de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la mayor parte de las inversiones para este año serán de reposición.

Encuentro INECA-GVA
Durante una reunión reciente de la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, y otros representantes de la Generalitat, con responsables de INECA se discutieron los retos técnicos que dificultan el acceso a datos detallados sobre la evolución y ejecución de los proyectos. Desde Hacienda se reconoció que no se dispone de un sistema configurado para proporcionar estos datos de manera centralizada y que el detalle se debe solicitar a cada Conselleria. Además, la consellera Merino admitió que la falta de información detallada precisa genera un temor a cometer errores en la publicación de datos parciales. Merino destacó los esfuerzos realizados para unificar programas y documentos en una nueva aplicación de gestión, que abrirá nuevas posibilidades en el futuro.

En este sentido, INECA anuncia su intención de emprender una solicitud dirigida a las diferentes consellerias con el objetivo de recabar la información necesaria y realizar un seguimiento adecuado de la ejecución de los presupuestos, ante la falta de control preciso del gasto. Este esfuerzo que realizará el Instituto busca consolidar datos clave y ofrecer un modelo más transparente y eficaz para la gestión pública desde la sociedad civil, ya que ni Hacienda ni el Consell nunca lo han proporcionado.