El presidente de INECA apuesta por las energías renovables, la mejora del empleo -en calidad y cantidad- las infraestructuras y la cooperación entre sectores para acelerar la economía

El microinforme de Coyuntura revela la necesidad de incrementar empleados públicos en sectores sociales como residencias de Tercera Edad y en Educación

El Informe de Coyuntura Socioeconómica de la provincia de Alicante correspondiente al tercer trimestre de 2019 refleja la desaceleración de la economía provincial con el sector turístico, el inmobiliario y la exportación como principales áreas productivas más afectadas por esta ralentización, apreciando un importante aumento de la importación de productos pertenecientes a las industrias tradicionales de la provincia como el calzado. Si estas variables las unimos al estancamiento en la creación de nuevas empresas y aumento de la disolución de sociedades, el panorama nos permite hablar de estancamiento en este penúltimo trimestre del año.

Esta tendencia ya ha sido detectada en los últimos informes de coyuntura socioeconómica de INECA lo que invita a reflexionar sobre qué tipo de economía queremos desarrollar en la provincia de Alicante. Los sectores emergentes vinculados a la tecnología parecen ser la clave para el resurgir de los sectores tradicionales, según ha puntualizado el presidente de INECA, Rafael Ballester.

Ballester considera necesario reforzar la vertebración de la economía y la sociedad provincial comenzando a desarrollar acciones con carácter de urgencia tendentes a la creación de empleo constante y de calidad. Sumadas al principal problema que tiene la provincia destacan también una red de infraestructuras que agilice la movilidad de ciudadanos y mercancías, una financiación presupuestaria suficiente; la modernización de las empresas ganando tamaño a través de las fusiones o cooperaciones.

El presidente de INECA valoró el cambio climático como una de las oportunidades económicas que la provincia debe aprovechar. La radiación solar es una fantástica herramienta competitiva que nos puede llevar a reducir costes y mejorar nuestros productos, dándole ese valor añadido indispensable para competir en el mundo global.

Microinforme: análisis de recursos públicos en materia social

La última década refleja que la dotación pública de recursos humanos en materia social en la provincia de Alicante siempre ha estado por debajo de su peso poblacional (trazo discontinuo de color rojo en el gráfico), según ha puntualizado el director de Estudios Francisco Llopis. “Esta situación se presenta en una amplia variedad de situaciones como son: médicos de familia, pediatras, enfermeros, empleados de residencias de la tercera edad (medido por el número de camas), profesores en enseñanza no universitaria, personal de justicia, y también en la dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

A este respecto, Llopis ha explicado que la peor asignación de estos recursos humanos en Alicante tuvo su máximo en el año 2012 donde la divergencia superaría las 4.400 personas, “si bien esta cifra se ha ido ajustando todavía representa un valor elevado, ya que atendiendo al peso poblacional serían necesarios 3.000 trabajadores públicos más de los ya existentes”.

Los desajustes más notables se encuentran vinculados con el personal de las residencias de la tercera edad seguido de los de la enseñanza. Según el microinforme realizado por INECA, el detalle aproximado de insuficiencias actuales en la dotación de recursos humanos en la provincia quedaría de la siguiente forma. En Sanidad faltarían 205 trabajadores públicos, en Residencias de la Tercera Edad 1.300; en Educación 1.100, en Justicia 35 y en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 400 empleados públicos, atendiendo al criterio poblacional.

El director de Estudios de INECA ha concluido señalando que estas carencias tienen un efecto directo sobre el bienestar de los alicantinos en estas materias concretas, pero además éste se ve agravado por la pérdida de riqueza global generada por estos trabajadores, ya que en muchos casos se trata de personal cualificado, por lo que además de no facilitar la empleabilidad de los propios residentes en la provincia, se dejan de ingresar unos salarios que representan una cantidad importante. A modo orientativo, “estaríamos hablando actualmente de unos 72 millones de euros dejados de percibir en concepto de salarios, sin contar el efecto indirecto que éstos originan en el entorno en el que se establecen estos trabajadores”.