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Alicante, Martes 9 de junio de 2026.  

La provincia de Alicante crece en volumen -empleo, población y actividad-, pero ese crecimiento no se traduce en más riqueza por habitante. Esa es la conclusión central del Anuario Económico de la Provincia de Alicante que ha presentado INECA esta mañana ante más de un centenar de empresarios y autoridades de la provincia, en el que se ha analizado la evolución de la economía de la provincia desde principios del siglo XXI. El estudio pone el énfasis en que la provincia ha duplicado su PIB en un cuarto de siglo, ha superado los dos millones de habitantes y encadena máximos en empleo, pernoctaciones turísticas y exportaciones y, sin embargo, su renta por habitante se sitúa en el 74,4% de la media nacional, en el puesto 45 del ranking provincial, según ha destacado el presidente de INECA, Alfredo Millá, quien ha agregado que “crecemos en volumen, pero perdemos protagonismo relativo. Alicante avanza, pero no converge”, y ha remarcado que detrás de esa paradoja hay una realidad estructural.

El estudio que ha presentado el Instituto de Estudios Económicos está impulsado por el diario INFORMACIÓN, cuenta con la colaboración del Colegio de Economistas de Alicante y el patrocinio del Grupo Cooperativo Cajamar y BMW Benigar.

Esa distancia entre crecer y converger tiene una raíz estructural. Las empresas alicantinas son, en promedio, un 25% más pequeñas que la media nacional, lo que limita su productividad y su capacidad de inversión. “Crecemos en volumen, pero perdemos protagonismo relativo. Alicante avanza, pero no converge”, ha resumido el presidente de INECA.

A esa debilidad de fondo se suma un problema más reciente: el acceso a la primera vivienda se ha endurecido hasta convertirse, por primera vez desde 2008, en un problema social de primer orden, ya que comprar una casa exige hoy nueve años de salario bruto. Y, en el plano institucional, la provincia arrastra un déficit inversor acumulado del Estado y la Generalitat de 2.643 millones de euros que frena la mejora de las infraestructuras y, con ella, la capacidad de competir. “No es un dato anecdótico porque condiciona la mejora de las infraestructuras y, con ellas, nuestra capacidad de competir”, subrayó Millá.

Para el director del área de Estudios de INECA, Paco Llopis, todos esos síntomas apuntan a una misma causa: un modelo extensivo, intensivo en trabajo, pero no en valor añadido. Su análisis se apoya en tres ideas que explican por qué sumar más recursos ya no basta. La primera son los rendimientos marginales decrecientes: añadir más empresas, turistas o población sin mejorar la estructura genera cuellos de botella en vivienda, infraestructuras y talento, de modo que cada esfuerzo rinde menos. De ahí la segunda, la escalabilidad territorial: un territorio crece de verdad cuando aumenta actividad y bienestar sin que los costes estructurales suban al mismo ritmo, usando mejor lo que ya tiene en lugar de acumular más. Y la tercera, la función de producción: lo decisivo no es solo disponer de trabajo y capital, sino saber conectarlos mediante la innovación, la cooperación y la transferencia de conocimiento. “Los territorios líderes no son los que más recursos tienen, sino los que mejor saben combinarlos”, ha señalado Llopis.

Una Agenda con diez retos hasta 2031

A partir de ese diagnóstico, el Anuario ofrece una respuesta: la Agenda 2031, que traduce el análisis en diez retos con indicadores y metas medibles. Nueve son productivos y atacan directamente los cuellos de botella detectados: reducir la brecha de productividad, hoy con un PIB por empleado en el 86,9% de la media nacional y el objetivo de alcanzar el 90-92%; diversificar el tejido sectorial para depender menos del turismo y la construcción; modernizar la industria a través de las exportaciones, la automatización y el ecodiseño; transformar una agricultura cuya productividad es del 56% de la media nacional pese a sus récords exportadores; avanzar hacia un turismo sostenible, con mayor gasto y menos estacionalidad; facilitar el acceso a la vivienda; mejorar el capital humano, con una tasa de paro que casi duplica la media nacional; reforzar la inclusión financiera; y completar las infraestructuras y la logística, con el Corredor Mediterráneo todavía pendiente.

Pero el reto que sostiene a todos los demás es el décimo: la gobernanza. El estudio la considera decisiva porque, sin una arquitectura institucional sólida, ninguno de los otros nueve resulta viable. Para reforzarla propone presupuestos orientados a resultados, un observatorio provincial, una oficina de captación de fondos, datos abiertos y elevar la inversión pública del 4,6% al 10% de los ingresos, entre otros.

El Anuario cierra, así, desplazando el foco desde la cantidad hacia la organización de los recursos. “El futuro de Alicante no depende de cuánto produce, sino de cómo organiza sus recursos, comparte el conocimiento y convierte la cooperación en prosperidad. Sin una arquitectura institucional sólida, ninguno de los otros nueve retos es viable”, concluyó Llopis.