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Alicante, 13 de julio de 2026.

El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) ha presentado hoy, en rueda de prensa, un análisis exhaustivo del proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, el primero del Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca, previsto para su aprobación en Les Corts a finales de mes. El estudio pone en cuestión la narrativa oficial de “presupuesto récord” con la que el Consell ha presentado sus cuentas. El diagnóstico es contundente: bajo un crecimiento nominal del 3,1%, se esconden dos problemas estructurales: la escasa territorialización de lo que se proyecta invertir y la baja ejecución de lo que se presupuesta, que perjudican de forma sistemática a la provincia de Alicante frente a Valencia, amplificando la infrafinanciación del Estado.

Para el presidente de INECA, Alfredo Millá, “nadie discute que sea el presupuesto más alto de nuestra historia, pero a Alicante se le sigue sin asignar lo que le corresponde por peso poblacional. Además, más de la mitad de la inversión real no dice a qué provincia se dirige”.

El proyecto de Presupuestos asciende a 33.305 millones de euros y crece un 3,1%, muy por debajo del 8,6% del ejercicio anterior, una desaceleración que se explica por la retirada del gasto extraordinario asociado a la DANA. Para el director general de Estudios y Proyectos, Santiago Carbó, el titular es “técnicamente correcto, pero detrás hay una historia mucho más compleja: este presupuesto no es un presupuesto de expansión, es, fundamentalmente, un presupuesto de saneamiento”.

Carbó advirtió de que la mejora de ingresos es en buena parte cíclica: los grandes impuestos de base amplia IRPF e IVA, crecen solo un 5,1%, mientras los ligados al mercado inmobiliario se disparan como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que sube un 24% y el de patrimonio que crece un 47,4%. A su juicio, estamos ante un boom fiscal impulsado por el mercado de la vivienda en máximos históricos, y eso es cíclico. No es una mejora estructural de los ingresos”, señaló. La consecuencia es un margen reducido para nuevas políticas: el servicio de la deuda absorbe ya el 25,2% del presupuesto, por delante de la política educativa; las transferencias corrientes bajan un 7,1% y la inversión real desciende un 2,8%.

Escasa territorialización: más de la mitad de la inversión no tiene provincia asignada

El primer gran hallazgo del informe es que el 52,3% del Capítulo VI de inversiones reales del proyecto de 2026, es decir 757,9 millones de euros, figura como ‘sin territorio específico’, es decir, sin que el propio documento presupuestario indique a qué provincia se destinará. Lejos de tratarse de una cuestión menor o puramente técnica, el análisis constata que casi el 90% de la no territorialización, 677 millones de euros, se concentra en cuatro consellerias (Sanidad, Economía y Hacienda, Educación e Infraestructuras), que financian precisamente actuaciones físicamente localizables: reformas y construcción de edificios, equipamiento sanitario o educativo.

El autor del informe y asesor de Estudios de INECA, Francisco Llopis, lo resume así: “si una inversión se puede señalar en un mapa (un hospital, un colegio, una carretera), se puede territorializar en el presupuesto. Que casi 700 millones en obra localizable figuren sin provincia no es un tecnicismo contable, es una decisión”. Del 47,7% que sí se territorializa, la provincia de Alicante recibiría un 38,4%, un porcentaje que a primera vista resultaría favorable frente a su media histórica. El informe advierte, sin embargo, de que esta lectura es engañosa: cubre menos de la mitad del capítulo y, dado el patrón histórico de la provincia, nada garantiza que el reparto final del resto, una vez ejecutado, vaya a ser igual de equilibrado.

El segundo gran bloque del análisis se centra en la ejecución real del ejercicio 2025, el último cerrado. De los 4.183 millones de euros finalmente disponibles para inversión (Capítulos VI y VII, tras modificaciones que ampliaron en un 41,2% el crédito inicial), solo se llegaron a comprometer 3.299 millones. Un 21,1% del crédito disponible, 884 millones de euros, no llegó ni siquiera a comprometerse.

El informe señala además lo que denomina el “espejismo de los porcentajes”: la partida con peor tasa de ejecución, Protección Civil y Seguridad Ciudadana (60,9% sin ejecutar), representa en realidad solo 13 millones de euros, un 1,5% del problema real. Para Carbó, el verdadero agujero se concentra en tres áreas de enorme peso social: Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (293,2 millones sin ejecutar), Medio Ambiente e Infraestructuras (161,2 millones) y Educación (133,9 millones), que juntas acumulan el 66,5% de todo el dinero que no llegó a gastarse. Carbó puso el foco en la naturaleza del cuello de botella: “no es presupuestario: es de capacidad técnica y administrativa para ejecutar obra pública”. El verdadero reto, subrayó, “no es presupuestar más, sino ejecutar mejor”.

Alicante, la gran perjudicada de un patrón que se repite desde 2011

El análisis territorial, apoyado en datos de licitación de SEOPAN cruzados con la ejecución presupuestaria de la Generalitat, confirma que la provincia de Alicante arrastra una infrafinanciación estructural que se extiende quince años: entre 2011 y 2025 ha recibido de media solo el 78,8% de la inversión per cápita que le correspondería por su peso poblacional (37,2% de la población de la Comunitat), frente al 122,2% que recibió Valencia con el 51,1% de la población. El déficit inversor acumulado por la provincia en ese periodo asciende a 490 millones de euros.

En este sentido, Millá subrayó que no es cuestión de un color político ni de un año concreto: es una sequía presupuestaria crónica que ningún gobierno autonómico, de uno u otro signo, ha corregido. El informe recuerda que los años en los que Alicante recibió un reparto favorable respondieron siempre a la concentración aislada de algún proyecto singular, revirtiéndose de inmediato al ejercicio siguiente. Además, ni siquiera lo que se licita llega a materializarse en su totalidad: entre 2015 y 2025, solo el 73,3% de lo presupuestado en inversión llegó finalmente a licitarse en el mercado de la construcción.

El estudio reconoce que la Generalitat atraviesa una fase de consolidación fiscal real -los ingresos ordinarios crecen un 9,9%, el endeudamiento neto se reduce un 56,4% y dos de las tres grandes agencias de calificación (Moody’s y Fitch) sitúan ya a la Comunitat Valenciana en el grado de inversión-, pero advierte de que esa mejora financiera no se traslada a una mayor transparencia sobre dónde y cómo se invierte el dinero público. Standard & Poor’s, de hecho, mantiene a la Comunitat Valenciana en grado especulativo (‘BB+’), la única de las 17 autonomías españolas en esa situación, lo que el informe interpreta como una señal de que la fortaleza fiscal por sí sola no basta si no viene acompañada de una gestión y un control del gasto igualmente sólidos.

INECA concluye que el cuello de botella del Consell no es la dotación presupuestaria, sino la incapacidad técnica o administrativa para ejecutar la obra pública, y reclama un cambio en la política de comunicación de la Generalitat, tras constatar que el 52,3% de la inversión real del proyecto de 2026 carece de destino territorial y que un 21,1% de lo presupuestado en 2025 nunca llegó a ejecutarse.

El informe plantea de forma explícita cuatro propuestas de transformación:
• La publicación sistemática y periódica del desglose territorial del crédito en todas sus fases de vida -inicial, modificado, disponible, ejecutado y no ejecutado-, con el mismo nivel de accesibilidad que ya existe para las clasificaciones económica y orgánica.
• La reducción drástica de la etiqueta sin territorio específico, limitándola de forma estricta a gasto genuinamente centralizado (software, I+D+i), y excluyendo de forma categórica cualquier actuación de obra civil, construcción o reforma de edificios.
• La incorporación obligatoria de indicadores de equidad territorial y déficit histórico per cápita en las memorias del proyecto de presupuestos, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas.
• Un compromiso presupuestario explícito, plurianual y verificable con Alicante, que revierta una tendencia de quince años que ningún gobierno autonómico, de uno u otro signo, ha corregido hasta la fecha.

Millá cerró la comparecencia insistiendo en que “lo presupuestado no es lo ejecutado” y anunció que INECA seguirá vigilando la tramitación del presupuesto en Les Corts y, sobre todo, su ejecución real a lo largo de 2026: “no podemos dar por buena ninguna cifra hasta verla ejecutada”. “El rigor presupuestario exige cerrar la distancia entre lo que se programa contablemente y lo que los ciudadanos y las ciudadanas pueden comprobar sobre su impacto real en el territorio. El acceso a la información no es un accesorio: es la condición para que cualquier mejora fiscal se traduzca en mejoras reales para la provincia de Alicante”, concluyó.

El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante reclama un cambio en la política de ejecución, comunicación y seguimiento de las inversiones Consell, tras constatar que el 52,3% de la inversión real del proyecto de 2026 carece de destino territorial y que un 21,1% de lo presupuestado en 2025 nunca llegó a ejecutarse.